¿Golpe de Estado en El Salvador?… Señales de alarma

Ya un congresista estadounidense pidió condicionar los fondos millonarios que pudieran aprobarse con el Fomilenio II, ante la incertidumbre jurídica e inestabilidad por el impasse en la Corte Suprema salvadoreña.
 
Por: Alberto López- Estrategia & Negocios
Puede sonar fuerte a estas alturas del Siglo XXI, pero ya algunos sectores en El Salvador están mencionado que lo se está orquestando en el país, a partir del impasse de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es un golpe de Estado a su institucionalidad. “Un golpe de  Estado al Poder Judicial”, según afirmó el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub.
Los hechos hablan por sí mismos: dos Cortes Supremas, dos presidentes de la misma, dos Salas de lo Constitucional, lo que podría poner en jaque el funcionamiento de la maquinaria del órgano Judicial, que articula el Estado de Derecho en la pequeña nación centroamericana.
Pero las primeras señales de alerta ante este impasse ya se hicieron sonar en la comunidad internacional, sobre todo en el hecho más reciente conocido este martes, en el supuesto condicionamiento de los Fondos del Milenio, que el senador republicano Marco Rubio, recomendó al Congreso estadounidense, ante el escenario de incertidumbre jurídica e inestabilidad que el tema de la Corte estaría mostrando a la comunidad internacional.
La agencia de noticias EFE informó que el senador republicano por el estado de Florida sugirió “revaluar la ayuda dentro de la Cuenta del Milenio” que EE.UU. ha acordado con El Salvador en caso de que el conflicto que mantienen en el país el órgano legislativo y judicial no encuentre pronta solución.
“No queremos intervenir en los asuntos internos de otro país, pero cuando un país recibe la cantidad de ayuda que damos, obviamente nos preocupa lo que pasa” y se debe revaluar la ayuda dentro de la Cuenta del Milenio, publicó EFE.
De acuerdo con la agencia de noticias, Rubio declaró tras una llamada con la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Maricarmen Aponte, que “no tenemos ninguna obligación de seguir participando con un Gobierno que está violando sus leyes y Constitución que con tanto sacrificio consiguió el pueblo salvadoreño”.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ya anticipaba y llamaba a la problemática como “un golpe de Estado” en su pronunciamiento oficial del 1 de julio pasado, cuando asumieron los cinco magistrados electos por la Asamblea Legislativa (2009-2012), quien designó por segunda vez un tercio de la Corte, en un mismo período, acto que fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte salvadoreña.
“Los diputados del FMLN, GANA, CN y PES, en complicidad con el Presidente de la República, insisten en pisotear la Constitución de la República y la soberanía de los salvadoreños, intentando dar un Golpe de Estado al Poder Judicial”, plasmó la ANEP en un comunicado a principio de julio.
ANEP acusó en el mismo pronunciamiento al FMLN de intentar formar una Corte “sumisa” que les permita “satisfacer sus intereses partidarios y realizar un proyecto totalitario”.
El Presidente Mauricio Funes, por su parte, dijo en el arranque de su programa de radio, este sábado pasado, que “el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema es un problema político, que se origina con la pérdida de poder por parte de la derecha parlamentaria, y por ello se debe buscar un entendimiento para solucionarlo.
“Tiene un origen político, la salida tiene que ser política, utilizando las vías jurídicas que están al alcance”, dijo el mandatario durante la primera emisión del programa Conversando con el Presidente, transmitido este sábado por Radio Nacional, y una red de emisoras en todo el país.
El gobernante explicó que el problema radica “en la pérdida del poder y del control de los Órganos del Estado por parte de la derecha parlamentaria, por parte de ARENA” y añadió que en los comicios de marzo de 2009 ese partido perdió “el control absoluto que tenía sobre las instituciones del Estado”.
El Presidente Funes aclaró que la Constitución de la República no estipula que la Asamblea Legislativa solo pueda elegir una vez a los magistrados, como argumentó la Sala de lo Constitucional.
“La Constitución establece que la Asamblea es la que elige la Corte y además establece cómo la debe de elegir y dice que la elige a través de mayoría calificada, únicamente, no dice que solo puede elegir una Corte, no está claramente establecido”, argumentó el jefe de Estado.
Diez magistrados -cinco electos en abril pasado y los otros cinco en 2006- comenzaron este martes a sesionar bajo la presidencia de Ovidio Bonilla, quien asumió el lunes apoyado en el Congreso por una alianza del gobernante FMLN, más los partidos GANA, CN y PES.
Otros cinco magistrados, electos en 2009, se reunieron en otro sector del edificio con Florentín Meléndez, designado presidente provisional mientras se regulariza el funcionamiento de la CSJ, en lugar de Belarmino Jaime, cuyo mandato ya se cumplió.
El 6 de junio pasado la Sala Constitucional declaró ilegal la elección de magistrados de 2006 y la de abril pasado, argumentando que fueron hechas bajo una misma legislatura que concluyó funciones el 30 de abril, actos, que según su interpretación de la Carta Magna, estarían prohibidos.